Artículo continuación del anterior: “Activismo 2.0 y empoderamiento ciudadano en red: De la reunión online a las comunidades de changemakers (I)”

Gobernando en modo 2.0

Bienvenida sea la crisis económica si gracias a ella las sociedades democráticas asumen actitudes más participativas y conscientes de su condición, precisamente, democrática. Los recientes acontecimientos de reivindicación social como el 15M, la Primavera Árabe o la ocupación de Wall Street lo han puesto de relieve: los ciudadanos no queremos renunciar a nuestro papel como supervisores de la gestión de los gobiernos porque -en una democracia- el verdadero gobierno lo son los ciudadanos. El voto significa cada vez menos una acción aislada que sucede cada cuatro años y cada vez más un ejercicio de confianza previo a una actividad que será supervisada, en directo, y con derecho permanente a réplica por parte de la ciudadanía. Sólo hay que recordar que en España una de las mejores formas de pulsar el debate colectivo de la campaña a las Elecciones Generales 2011 fue siguiendo su flujo de hashtags en Twitter.

El concepto de gobernanza pública está cambiando impulsado por la tecnología y muestra de ello son iniciativas como Personal Democracy Forum. Su slogan “Technology is changing politics” (la tecnología está cambiando la política) resume de forma muy eficiente los recientes cambios sociales. Es más, el nivel de supervisión de los sistemas de gobierno por parte de la ciudadanía está llegando a tal extremo que en abril de 2011 la compañía Apple lanzó Philly Watchdog, una aplicación para móviles con la que los ciudadanos de Filadelfia puedan informar sobre cualquier posible comportamiento fraudulento de políticos y/o funcionarios. Un sistema que por otra parte acarrea importantes riesgos y desigualdades en el que una organización neutral e intermediaria debería intervenir.

Queremos saber

Vista la tendencia actual a los modelos de gobernanza abierta, parece inevitable que las administraciones públicas tengan adaptar sus sistemas de gestión para incorporar de forma sistémica la participación equitativa, activa, permanente y vinculante de los ciudadanos. El primer paso para lograrlo ha de darse adoptando los modelos abiertos propugnados por el movimiento Open Government.

Los principios del Open Government defienden que la información ha de ser: completa, primaria, oportuna, procesable informáticamente, no discriminatoria, no propietaria y de licencia libre. Pero en un país como el nuestro en el que ni la propia Administración Pública acata las leyes económicas cuyo cumplimiento sin embargo debe supervisar (muchos de sus organismos ni si quiera auditan sus cuentas), poco es de lo que hay que presumir y mucho lo que mejorar. Es lógico que en los últimos años esten surgiendo numerosas e importantes iniciativas ciudadanas que persiguen transparencia, buen gobierno y el cumplimiento de la ley por parte de una Administración Pública, con la pretensión de que esta trabaje para el procomún de manera sostenida.

Una de las iniciativas más significativas es el movimiento internacional OpenData que persigue la liberación de datos por parte de las Administraciones públicas. Este movimiento ha tomado en España la forma Open Data España a cuyos objetivos se suman poryectos como Open Data Congreso y Opengov.es, un registro abierto paquetes de contenidos y de datos en forma de página web que facilita “buscar, compartir y reutilizar contenido y datos, especialmente de manera automatizada”.

En España tenemos el dudoso honor de ser el único país de Europa con más de un millón habitantes que no cuenta con una ley de acceso a la información. Para paliar esta situación están surgiendo numerosas iniciativas ciudadanas que en su mayoría forman parte de la Coalición Pro Acceso, una plataforma de la sociedad civil que exige la adopción e implementación de una “Ley de Transparencia y Acceso a la Información”. Apoyando esta reivindicación se encuentran organizaciones como Pro Bono Público, promoviendo la apertura de datos públicos y Transparency International España, dedicada a combatir la corrupción en los gobiernos.

La Coalición Pro Acceso incorpora no sólo a organizaciones sino también individuos, como el abogado Javier de la Cueva que actualmente impulsa Praeter Orwell, un proyecto que propone un marco sobre el que desarrollar aplicaciones de control del poder político por parte de los ciudadanos mediante la gestión de la información jurídica proveniente de las personas y de organismos públicos. Su principal objetivo es conseguir la interoperabilidad entre los proyectos de Opendata y Open Government mediante una estandarización de datos.

Continuando esta misma línea de reivindicación de acceso a la información pública para el empoderamiento ciudadano, en la actualidad se está gestando un interesante proyecto llamado Tu derecho a saber. Se trata de una plataforma web que permitirá denunciar los casos en los que las instituciones públicas nieguen el acceso a la información, además de facilitar la consulta ciudadana fácil. Este proyecto está respaldado por Access Info Europe -una ONG que tiene como misión promover el derecho de acceso a la información en Europa- e impulsado por David Cabo, dedicado desde hace más de dos años a proyectos relacionados con la transparencia y la participación tales como: ¿Dónde van mis impuestos?, #adoptaundiputado, AsktheEU.org o el Desafío Abredatos.

Alimentando el procomún

El cambio que la ciudadanía le está exigiendo a la Administración ya está mostrando sus primeros resultados. En España ya podemos presumir de que varias administraciones que se están preocupando por poner en marcha proyectos en esta línea. Así existen destacados ejemplos en las administraciones autonómicas, como: Open Data Euskadi del Gobierno Vasco, Datos Abiertos Gencat de la Generalidad Catalana, el Catálogo de Datos de Asturias promovido por el Principado, el Portal de datos abiertos de la Junta de Castilla la Mancha, Open Data Navarra, Datos abiertos CAIB del Gobierno de las Islas Baleares, y Reutiliz@ de la Junta de Extremadura.

A estas iniciativas se suman otras muchas impulsadas por administraciones locales así como desde la administración central. Cabe destacar el Proyecto Aporta para la reutilización de la información del sector público, en el que se enmarcará datos.gov.es, todavía a la espera de ser implantado.

Crowdsourcing para innovar en lo público

Proporcionar información relevante, suficiente y accesible es un primer paso imprescindible para conseguir una Administración abierta que integre sistemas 2.0 de participación online. Esto es algo mucho más complejo y radical que un mero “estar en las redes sociales” o que un soltar datos y “sírvase usted mismo”. Por eso, abrir un perfil en Youtube para por ejemplo dar a conocer a la Policía Nacional de España (y por qué no, hacer un poco de propaganda) es un objetivo muy pobre para un servicio público de tan gran trascendencia. Resulta inevitable preguntarse cuánto hubiera podido contribuir a la seguridad colectiva y a la eficiencia de este servicio público de seguridad, el más de un millón de visitas al canal de YouTube de Policía Nacional que de esta manera se han limitado a ver y comentar unos cuantos detalles dramatizados de relevancia pública muy cuestionable.

Lejos de los habituales e ineficaces modelos de gobernanza colectiva que oscilan entre lo autoritario o lo asambleario, lo que las administraciones deben hacer es implantar sistemas accesibles, transparentes y flexibles que incluyan mecanismos estables de supervisión, participación y corresponsabilidad ciudadana distribuida. Internet y los entornos 2.0 de participación colectiva constituyen un aliado fundamental para este propósito. Esto asegurará un sistema eficiente, permanente innovador por su amplio capital humano, sostenible, equilibrado y decididamente neutral; característica esta última que constituye uno de los garantes fundamentales de la Administración Pública frente a intereses y presiones partidistas y/o con ánimo de lucro. Pero es necesario que exista una voluntad verdadera po de compartir lo públicor parte de la Administración, así como una conciencia colectiva de que lo público se construye, se mantiene y se mejora con la necesaria colaboración de todos.

Publicado originalmente en Compromiso Empresarial, noviembre-diciembre, 2011.

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